La iniciativa tiene por objeto establecer las causas para la suspensión de derechos político-electorales a cargos de elección popular o del servicio público. Para ello propone determinar que las y los ciudadanos que aspiren a participar a algún cargo de elección popular, o ser nombrada o nombrado para empleo, cargo o comisión en el servicio público, no podrán ser registradas o registrados por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. |