| Aspectos Relevantes |
La legisladora propone exhortar: 1) a la Secretaría de Gobernación, al Registro Nacional de Población, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a las autoridades registrales de las 32 entidades federativas, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen, amplíen y aseguren la continuidad de estrategias permanentes de registro civil universal, gratuito e inmediato exclusivamente para nacimientos, con especial énfasis en recién nacidos en situación de vulnerabilidad, particularmente en comunidades indígenas, rurales y urbanas con altos índices de marginación, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la identidad y personalidad jurídica desde el nacimiento, conforme a lo establecido en el artículo 4o. constitucional y la legislación aplicable; 2) a la Secretaría de Gobernación, al Registro Nacional de Población, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los registros civiles de las entidades federativas, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, fortalezcan los mecanismos de articulación, difusión y réplica de buenas prácticas institucionales en materia de registro extemporáneo, tales como el programa “Oye” del DIF de la Ciudad de México y la campaña “Identidad para Todas y Todos” impulsada por Renapo, con el propósito de garantizar el acceso efectivo al derecho a la identidad de todas las personas que no fueron registradas oportunamente, incluyendo niñas, niños, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores, sin importar su condición social o territorial, para promover su plena incorporación al marco de derechos y a la vida jurídica del país; y, 3) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en coordinación con el Renapo y los registros civiles de las entidades federativas, a que diseñen, implementen y actualicen un censo o diagnóstico nacional específico sobre el subregistro de nacimientos en México, con el propósito de identificar con precisión a las poblaciones afectadas, las causas estructurales del fenómeno y las barreras institucionales existentes, proponiendo para ello una periodicidad mínima quinquenal, de conformidad con los principios de planeación estadística, transparencia y acceso a la información pública, y con apego a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. |