Por el que exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República para que sus titulares comparezcan para informar sobre las órdenes de detención y extradición dictadas por autoridades judiciales de los estados unidos contra funcionarios mexicanos, se solicita la actuación inmediata de la fiscalía general de la república, la revisión de mecanismos de control constitucional, el proceso de investigación y la adopción de medidas urgentes para restablecer la gobernabilidad en Sinaloa.Presentador:
Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN)
Aspectos Relevantes:
El legislador propone exhortar a: 1) la SRE, para que el Canciller Roberto Velasco Álvarez comparezca y rinda un informe pormenorizado sobre el estado que guarda la relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, derivado de la acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y de las órdenes judiciales emitidas por un juez federal que contemplan la detención y posibles solicitudes de extradición de diversos funcionarios públicos mexicanos, que incluye al gobernador de Sinaloa, un senador de la República, el presidente municipal de Culiacán y otros servidores públicos, debiendo precisar el estatus de dichas órdenes, los mecanismos de cooperación internacional activados, las acciones diplomáticas emprendidas por el Estado mexicano y las implicaciones jurídicas, políticas y de soberanía que se derivan de estos procesos; 2) la FGR para que comparezca su titular ante esta soberanía, para que explique sobre la investigación sobre los hechos referidos en la acusación, incluyendo la posible intervención del crimen organizado en la elección de 2021, y a ejercer la acción penal contra todos los involucrados sin distinción ni protección política. Asimismo, se le pide promover ante el Congreso de la Unión el desafuero de cualquier servidor público con fuero constitucional, para que enfrente la justicia sin privilegios; y 3) la Titular del Poder Ejecutivo Federal a conducirse bajo los principios de objetividad y legalidad, evitando cualquier narrativa que tienda a la minimización de los hechos o a la obstrucción política del proceso generando o descalificando una orden de detención y extradición de las autoridades estadounidenses. Esta soberanía exige garantizar una cooperación irrestricta con las autoridades estadounidenses en el marco de los tratados internacionales vigentes. Es imperativo que el Estado mexicano demuestre una voluntad ineludible en el combate a la narcopolítica, asegurando que no se otorgue protección ni impunidad a aquellos funcionarios que, al vincularse con organizaciones criminales, han traicionado sus deberes constitucionales y la soberanía nacional.