Por el que exhorta a diversas autoridades federales y del estado de Guerrero a fortalecer las acciones de protección, investigación y atención a víctimas en el Ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, Guerrero.Presentador:
Dip. Ivonne Aracely Ortega Pacheco (MC)
Aspectos Relevantes:
La legisladora propone exhortar a: 1) la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero a que mantengan y refuercen su presencia interinstitucional de protección en el ejido Guajes de Ayala, Guerrero, con patrullajes permanentes, vigilancia aérea, rutas seguras de acceso y mecanismos de protección a la población civil; 2) la Fiscalía General de Guerrero y a la FGR coordinen la integración de las carpetas de investigación correspondientes por los hechos denunciados en Guajes de Ayala, preserven indicios y restos de artefactos explosivos, realicen los peritajes necesarios, protejan a testigos y denunciantes y determinen la posible actualización de delitos federales en el caso; 3) la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas de Guerrero y al gobierno de Guerrero para que implementen una intervención humanitaria inmediata con atención médica, psicológica, alimentaria y de refugio temporal, así como un censo de personas afectadas con énfasis en niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad; 4) la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración que active mecanismos de prevención de desplazamiento interno forzado y establezca un esquema de coordinación con organismos públicos de derechos humanos, autoridades estatales y municipales y representantes comunitarios, a fin de asegurar corredores de abasto y comunicación y atención humanitaria en la región afectada; y 5) la CNDH y a la CDH de Guerrero a dar seguimiento a la situación de riesgo en Guajes de Ayala, documentar posibles violaciones a derechos humanos y emitir las recomendaciones que determinen procedentes.